Bases de Datos: Un problema en Ecuador

A diario encontramos que en cualquier Institución Pública nos piden, incluso por Reglamento o norma relacionada, "original y copia de la cédula de identidad", "original y copia de la papeleta de votación", "certificado de no adeudar a la Institución", "certificado de estar al día en el IESS", "certificado bancario (para certificar que tiene cuenta corriente)", etc.

No importa cuantas veces, ni que días antes por un mismo trámite hayamos presentado estos infaltables requisitos en la misma institución. Si vuelve a la ventanilla le volverán a pedir "original y copia".

Si va a matricular un carro, aun cuando sea sin cambiar ningún dato como nombres del propietario, etc., pero Ud no es el titular de la matrícula, le pedirán "poder del propietario, autorizando a realizar la gestión" y cosas similares.

 Si va a una notaría, tiene para la mayoría de gestiones, que solicitar a un "profesional del derecho" que suscriba la petición que el notario ha de certificar o registrar.

Si quiere pagar el agua o la luz por Internet, no es raro que el mensaje que salga sea: "horario no autorizado para realizar la transacción. Intente en otro momento"

Si le van a pagar o a acreditar dineros por un contrato en cualquier institución pública, apréstese a presentar la consabida "certificación bancaria". No importa cuantos pagos ya le hayan hecho en la misma Institución, a su mismo nombre y en la misma cuenta.

Pese a la supuesta solemnidad de estos requisitos, es usual que el funcionario de ventanilla, lleno de solicitudes que atender, ni siquiera mire con detenimiento la copia presentada o los documentos originales. Simplemente se limite a grapar la copia en el mejor caso al trámite o, lo más usual, a almacenarla junto a otras que tendrán igual destino: El tacho de basura.

Para empeorar la situación, la copia tiene que ser "a color" con un costo entre 25 y 80 centavos o más, depende del pato y del sitio.


Si quiere renovar su licencia de conducir, prepárese a una interminable fila en el banco y luego a una interminable fila en la ANT, para hacerlo.

Y todo esto tiene un origen común: Bases de Datos no estandarizadas ni interconectadas.

En la época actual no tener interconectadas las bases de datos para verificar si una persona votó, sin necesidad de verificarlo manualmente, sino en forma automatizada por el sistema y transparente para el usuario y el funcionario, y en cuestion de milisegundos, es inconcebible, por decir lo menos.

Aun cuando existen grandes avances en la Administración Pública, en la mayoría de sus sistemas hace falta aplicar de modo real el e-gob, que significa integración. No existe e-gob institucional o departamental. Existe e-gob nacional, estatal, integral.

A los problemas de contaminación, ineficiencia, altos costos, desperdicio de recursos, pérdida de tiempo y consecuencias posteriores de sincronizar datos que crecen a velocidad alarmante, se suma la corrupción, que hace uso de lo enmarañado del sistema de gobierno, del control documental manual y parcial, y de las verificaciones manuales discrecionales, para incubarse. Donde quiera que exista una traba cuya solución dependa del funcionario a cargo (ver o no ver una cédula, obviar una cola, etc) hay una opción para coimar y para ser coimado.

Mientras el sistema exista pero la discrecionalidad en su aplicación persista, tendremos corrupción al por menor que luego, simplemente, genera en los ciudadanos, una actitud de contemplación cuando ocurren los casos de corrupción al por mayor.

Existen soluciones simples en la tecnología para empezar a mejorar la calidad de los servicios públicos y la respuesta de los ciudadanos a la autoridad y a las normas. Por ejemplo, ejercer la autoridad para, sin dilaciones, forzar a un cambio en la administración pública que implemente el e-gob, gobierno electrónico real, en Ecuador. Aplicar la tecnología a medias, en parte de los procesos o en tareas de no impacto al ciudadano, no es lo correcto.

El gobierno electrónico implica en esta etapa esencialmente:

1. Uniformidad y estandarización de trámites
2. Uniformidad de información pedida, formularios a llenar y reportes generados
3. Interconección
4. Conectividad

Y esto es posible pues hoy, como nunca antes se cuenta con gran cantidad de Infocentros instalados por el Gobierno Nacional a través del MINTEL, con trámites totalmente en línea en Aduanas, SRI o IESS, con sistemas de identificación seguros en el Registro Civil y Entidad Certificadora del Banco Central, con un Sistema de Datos públicos operando, con una inversión en tecnología de magnitud, con sistemas probados en el INCOP e ICO, con la enorme inversión del CNE en tecnología o con un sistema bancario totalmente integrado y con un sistema postal que funciona, entre muchos otros factores habilitadores.

Ya no se puede argumentar, como se hacía hace una década, desde que estamos proponiendo lo mismo, que hace falta conectividad o capacitación en los ciudadanos.

En un Estado con Gobierno Electrónico, debe ser posible, por ejemplo, ir a una notaría sólo con los datos esenciales para hacer un contrato. El formato de contratos, de escrituras, etc., debe ser estándar y estar en tiempo real conectado a las bases de datos cuya verificación se requiere, en línea, para comprobar si los comparecientes han votado, si no tienen deudas, etc. No se tiene que hacer un escrito con abogado para muchos trámites ya estandarizados en las cuales solamente se requiere llenar los datos. Estos datos llenados deben, en tiempo real igualmente, alimentar las bases de datos que permitan cruzar info para IESS, SRI, Municipios, etc. Generando un círculo contínuo de información y procesos sincronizados.

Unido a esto la responsabilidad del funcionario debe sustentarse e individualizarse. Es decir no debe existir la ineficiencia de X Institución, sino la responsabilidad, a ser reclamada, a un preciso funcionario por su acción u omisión que derive en perjuicio o sea negligente. Ahora hay la remuneración por eficiencia y en paralelo debe exigirse la responsabilidad por ineficiencia.

Quien ha estado en el sector público sabe lo tortuoso que es interactuar entre las mismas instituciones, pidiendo aprobaciones con oficios que vienen y van, cuando tenemos sistemas que deben automatizar con un debido workflow todo trámite interinstituciona.


Ahora el gran salto lo debe dar el Estado estandarizando, integrando e interconectando.

El Gobierno ha dado el mayor paso de la década en conectividad y capacitación. Los ciudadanos estamos preparados y familiarizados con la tecnología. Resta ejercer la autoridad para forzar la integración interinstitucional que es el talón de Aquiles de todo proceso de Gobierno Electrónico que quiera ser exitoso.

Feliz y Tecnológico 2013.

Narcotráfico y Elecciones

En Ecuador nos acercamos a un nuevo proceso electoral marcado por algunas importantes circunstancias, como la continuidad del gobierno luego de una era tumultuosa de más de una década, un gobierno con un importante apoyo y legitimidad, un nuevo código de la democracia, un CNE y TCE renovado, y finalmente un ambiente geopolítico que es nuevo para nuestra democracia, por la importante atención de la comunidad internacional a lo que suceda en nuestro País.

Nuevo es igualmente, como potencial actor, el Narcotráfico. Antes seguramente igual presente, pero ahora evidentemente rondando en varias esferas de la vida cotidiana, y que por mantener la transparencia y legitimidad de los actores políticos necesitamos que sea enfrentado y mencionado con toda la entereza que se requiere y sin usarlo con fines políticos electorales, por tratarse de un tema delicado, de interés nacional y ante el cual deben existir consensos, pues ha demostrado ser un actor influyente y muchas veces determinante en la experiencia electoral de países vecinos o lejanos.

El Narcotráfico no sería posible sin aliados estratégicos inmersos en las fuerzas del orden, en los organismos de control y en las instancias políticas y por tanto entre las autoridades que determinan políticas e influencian a todo nivel. Su poder de penetración es tal que no podemos darnos el lujo de pensar que está controlado o que a nosotros "no nos va a pasar". No existe una política policial, judicial o preventiva de cualquier tipo que elimine por completo la posibilidad de que tengamos narco candidatos en el País y por tanto el desafío para todos es aún mayor.

Una campaña electoral es costosa y exige recursos económicos que aunque controlados por el CNE son de dificil seguimiento. Aquí la importancia de mecanismos mínimos para trabajar en asegurar la menor ingerencia de esta epidemia mundial en nuestra política. Para muchos y durante mucho tiempo ha sido "normal" escuchar sobre financiamiento de dudosa procedencia en campañas de autoridades locales, regionales y nacionales, pero, al menos que yo tenga memoria, jamás en el País se ha enjuiciado a nadie por un hecho de estos.

Hoy con la enorme cantidad de droga incautada, que debe ser un porcentaje de todo lo que sale, del reportado incremento del sicariato, del testaferrismo, del lavado de activos y otras evidencias de que esta actividad está seriamente pretendiéndo tomarse el País, y a puertas de unas cruciales elecciones, deben redoblarse los esfuerzos porque los fondos de las campañas y los candidatos se encuentren libres de influencias narco.

El esfuerzo no es solamente a nivel presidencial, los Asambleístas son blanco obvio de los narcos y más aún las autoridades locales que tienen, en la mayoría de situaciones, una influencia determinante en el entorno en que se desenvuelve el tráfico ilícito de estupefacientes y sus actividades relacionadas.

El CNE debe tomar acciones para asegurar que se está controlando el origen de los fondos para la campaña no solamente en el proceso electoral en sí, sino igualmente en la campaña interna que determina quienes son candidatos. Una unidad especializada, estrechamente vinculada con unidades élite de investigación e inteligencia integral (política, policial, financiera, etc) debe ponerse en marcha para evitar que en unos meses o años nos enteremos que se han replicado en el País los narco candidatos o las narco autoridades que son comunes en muchos países.

Acciones múltiples, coordinadas, integrales y protegidas en extremo, son vitales para que Ecuador siga siendo una democracia estable y un País del que todos podamos seguir sintiéndonos orgullosos.

Información Pública de Movimientos y Partidos Políticos

Varios años atras, con la anterior Constitución vigente, trabajamos una ley adecuada para el momento que con buena intencionalidad se denominó Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información Pública y que fuera publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 del 18 de Mayo del 2004.

Nos acercamos a elecciones y es necesario esforzarse por lograr que se transparente la información pública de los partidos políticos que, están obligados a publicarla, al igual que otras organizaciones que reciben recursos del Estado. Como se establece en el principio de publicidad de la referida Ley:

• Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.-
  El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.
  Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, organismos y
  entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema materia de
  la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en
  cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría
  General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones
  del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las
  denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG's), están sometidas al principio
  de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las
  excepciones establecidas en esta Ley.

Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de exigir que los partidos y movimientos políticos publiquen con exactitud toda la información que se obliga en la Ley para que se cumpla el objeto de la misma establecido en su Art. 2, y en el caso concreto de la ciudadanía con énfasis en los siguientes literales:

• Art. 2.- Objeto de la Ley.-
  c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos,
  efectivizándose un verdadero control social;
  e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del estado de
  derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública; y,
  f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés
  general y su fiscalización.

 Los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos deben ser sujetos del control social ciudadano, a más de los controles legales respectivos, para evitar que se empleen en fines no dispuestos precisamente por la Constitución y leyes.

La Ley establece los mecanismos a usarse en su Art. 7 que en lo pertinente menciona:

• Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-
  Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo
  118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1
  de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así
  como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma
  institución, la siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se
  la considera de naturaleza obligatoria 

(Se lista a continuación la información OBLIGATORIA a ser publicada)

Como ciudadano debo saber quienes integran los directorios, que sedes o bienes posee una organizacion, que procesos internos se han seguido, cual es su rendición de cuentas donde se detallen los planes y ejecuciones logrados. Los ciudadanos debemos verificar que las propuestas presentadas en una campaña se cumplan y en qué grado han sido ejecutados los planes y propuestas presentados.

Este requisito debe ser cumplido EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL para que se cumpla el literal f del Art. 2 que reitero indica: f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su fiscalización. Una decisión crucial de interés general es por quien voy a votar y quisiera hacerlo por alguien que haya cumplido, que transparente sus cuentas y el uso de los recursos asignados. Que rinda cuentas en definitiva. Quisiera saber quienes son sus cuadros directivos y de candidatos, no solamente lo que nos dice la propaganda, sino una hoja de vida pública y política de los candidatos, donde se detalle de donde vienen, que trayectoria tienen y cómo han desempeñado sus actividades. Quisiera poder leer sobre cómo un candidato ha votado  en las leyes que se han aprobado o negado con su participación o en todas las ordenanzas o resoluciones en que ha participado. Me interesa su asistencia a sesiones, la participación que mantienen y las posiciones que toman en las discusiones y votaciones. 

Este acceso a conocer el accionar público de los candidatos es una herramienta importante para los ciudadanos, y funciona muy bien en modelos de democracia donde enviar comunicaciones a los asambleistas o funcionarios de elección popular, sobre temas que se debaten y en los cuales se espera una determinada línea de acción de su parte, es una forma real de ejercer ciudadanía y motivar las acciones de los mandatarios que siempre deben ser coherentes con las propuestas que permitieron su elección y consultadas cuando el tema lo exija.

Sin esta información pública seguiremos votando por caras y gestos y nuestra agenda política no evolucionará en el modo que debe hacerlo.

El CNE debería obligar a que esta Ley se cumpla en beneficio de la democracia real que todos aspiramos vivir.

Voto Electrónico

Voto Electrónico

Carlos Vera Quintana

Octubre 8 de 2012

Cuando se le añade el término “electrónico” a los procesos, automáticamente y pese al tiempo transcurrido ya en conocimiento de los temas electrónicos y virtuales, se le añade un toque de misterio e incertidumbre que resultan en la percepción de que estamos frente a algo completamente nuevo, cuando en realidad estamos frente a la automatización de un proceso que usualmente hemos desarrollado permanentemente en nuestras vidas.

Así pasó y pasa con términos como gobierno electrónico, comercio electrónico, educación virtual, telemedicina, e-voto, etc.

En lo conceptual, cada proceso involucrado, ya sea ejecutar procesos relacionados con el gobierno o administración, con el comercio, la educación, la medicina o el ejercicio democrático de votar, mantiene su esencia. Es decir el objeto del proceso, los fines y actores no varían, pero si lo hace el medio, las capacidades y la eficiencia y eficacia del proceso, así como el entorno en el cual se desarrollan.

Los medios electrónicos proporcionan nuevos mecanismos para darles seguridad a los procesos, disminuir el factor determinante de la corrupción que es la discrecionalidad, optimizar los tiempos y costos empleados e incrementar la eficiencia y eficacia. El uso de medios electrónicos es sinónimo de innovación y en muchos casos de procedimientos especializados. Ambos conceptos están siendo ya superados y para las actuales nuevas generaciones solo existirá gobierno, comercio, educación, medicina, voto, etc., pues no concebirán otro medio de ejecer estas y la mayoría de actividades de su vida, que no sea lo electrónico y virtual.

Hace unos cuantos años se tenía un problema cuando existían fallas mecánicas en los equipos en los que trabajabamos, luego la ausencia de energía eléctrica se tornaba un problema por que no podían usarse los computadores, y cuando todo esto parecía superado hoy no se concibe la vida sin internet y aún teniendo Internet, no es posible pensar en trabajar o producir sin ciertos portales habilitados o sin acceso a las redes sociales o a la información distribuida en la nube. Los nuevos comodities son acceso a información y datos y a programas y equipos para procesarlos y transformarlos en productos y servicios. Los datos no son útiles sino se transforman en información y la información es relevante cuando es pertinente y se transforma en inteligencia, productos y servicios.

Cuando se trata de procesos especialmente sensibles como la expresión de voluntad ciudadana para determinar la forma de gobierno por la cual optamos y el gobernante que queremos la ejerza, surjen en el término electrónico nuevas connotaciones relacionadas con fraude especializado, necesidad de ser ciudadanos especialistas en manejo de la tecnología o la imposibilidad de mantener el control de los procesos en todas las etapas del mismo para asegurar la pureza de los sufragios.

La presión de la ciudadanía se traslada igualmente a otros escenarios. No tan lejanos están los días en que debían esperarse semanas para tener los resultados de una elección, pero hoy se exigen en horas los mismos resultados, con mayor número de votantes y en procesos que crecen en complejidad. Aquí como en muchos temas relacionados con la tecnología, el ciudadano espera que se haga realidad, sin dilaciones ni excusas, la promesa de rapidez y eficiencia que conlleva la tecnología.

El proceso de voto electrónico debe mantener el concepto fundamental de todo proceso sometido a votación: Que los resultados exhibidos sean exactamente los resultados votados.

Un proceso de votación se configura en un sistema integral que comprende:

• Normas para reglamentarlo
• Autoridades para normarlo y conducirlo
• Veedores y acompañantes para supervisarlo
• Sistemas y medios tecnológicos para soportarlo
• Procesos definidos de soporte prevoto, concurrente y post voto
• Actores proponentes
• Actores decidores
• Jueces
• Marco Institucional para poner en práctica lo decidido en las urnas

Lo que se espera de cada componente del sistema en breve incluye

• Normas para reglamentarlo

Desde la norma suprema que es la Constitución, las leyes relacionadas, los reglamentos y las normativas menores influyen de modo definitivo en como funciona la relación entre sujeto y objeto del proceso de votación. Estas normas pueden de origen orientar un proceso transparente y neutral o sesgado y parcializado. Las normas que promueven o impiden ciertos procesos o candidaturas son típicos ejemplos de normas que distorsionan el sistema electoral.

• Autoridades para normarlo y conducirlo

Son los resposables de elaborar la normativa y los procesos a seguir. Se encuentran en diversas instancias, a nivel constituyente, legislativo y electoral. La forma de designar las autoridades influye de modo definitivo en la transparencia y neutralidad de los procesos pues son estas autoridades quienes determinan los factores inhibidores y habilitantes para una elección o votación, con lo cual en la práctica determinan qué se vota y quién puede votar.

• Veedores y acompañantes para supervisarlo

Idealmente representantes o actores de la Sociedad Civil cuya tarea es integrar una fuerza de trabajo neutral, independiente políticamente y autónoma económicamente con capacidad para observar los procesos, entendiéndose por observar no solamente el acto de ser observadores pasivos de un proceso y emitir comentarios al final del mismo con recomendaciones no incluyentes, sino con capacidad de realizar observaciones a los procesos para enmendar errores o desviaciones que los alteren.

• Sistemas y medios tecnológicos para soportarlo

Es decir urnas, papeletas, medios de transporte y transmisión, sistemas de control de votos y de procesos relacionados (publicidad, actividad electoral, etc). Es esta parte del sistema la que es más susceptible de ser automatizada, y es su automatización la que cambia los procesos que siguen los otros componentes (por ejemplo las normas, la forma de realizar veedurías y controles, plazos y modalidades para publicar resultados, etc.). La parte más crítica de la automatización es la determinación de los equivalentes funcionales que reemplazan otros componentes. Por ejemplo cual es el equivalente funcional de la papeleta de votación o el equivalente funcional de la urna donde se depositan los votos, entre otros.

Los Sistemas tecnológicos y medios se deben aplicar a procesos depurados, simplificados y optimizados, no a procesos existentes sin revisión que solamente reproducen vicios de procedimiento o fallas del sistema pero ahora de modo automatizado.

Se trata no solamente de automatizar un proceso sino de adicionalmente blindarlo de la influencia de factores externos al mismo que puedan distorsionarlo o influenciarlo. La reducción de la discrecionalidad, que se evidencia en la menor intervención humana para aplicar criterios subjetivos influenciables es uno de los mayores justificativos de esta automatización, como veremos más adelante. La rapidez y confiabilidad en el procesamiento, almacenamiento, verificación y transmisión de la información es el otro factor que destaca en la automatización de procesos.

• Procesos definidos de soporte prevoto, concurrente y post voto

Junto con las normas que ordenan el proceso electoral, estos subprocesos lo determinan en cuanto a que, a través de ellos, se establece una cadena concatenada de acontecimientos, plazos, acciones y actores a lo largo de todo el evento electoral. El objetivo es determinar cuando, quien, cómo y donde se ejecutan las acciones de los procesos. Qué resultados se esperan y qué acciones se toman en las diferentes condiciones. Por ejemplo el período de propaganda electoral, o el horario de votaciones y cómo se contatenan entre sí estas acciones es parte de un proceso que se diseña para ser eficiente y previsible.

 

• Actores proponentes

Pueden ser estos candidatos con sus propuestas de trabajo, propuestas a ser votadas en un referendo o mecanismos de accionar público puestos a consideración de los ciudadanos. Esto es las tesis, propuestas o actores objeto de la votación.

La capacidad de ser actor depende del estado de los derechos ciudadanos y del cumplimiento de requisitos, siendo ambos mecanismos restrictivos que deben ser debidamente manejados para asegurar la mayor participación y la no discriminación por causas raciales, geográficas, políticas, económicas, etc.

• Actores decidores

Los sujetos del proceso. Aquellos que mediante el voto expresan su voluntad sobre quien los gobierna, qué propuesta es aceptada para implementarse o qué acciones se priorizan en una acción de gobierno, etc.

Son los ciudadanos que se enmarcan dentro del proceso y pueden ser agrupados de acuerdo a la norma y objeto de votación que rija, pudiendo existir procesos colegiados, parroquiales, municipales, nacionales, etc. Aunque todos somos actores decidores, la capacidad de decidir también está sujeta a las normas que rigen el proceso, por ejemplo estar en goce de los derechos ciudadanos, pertenecer a un gremio o vivir en una circunscripción geográfica determinada. El estado de los derechos ciudadanos (pérdida temporal por ejemplo) o los requisitos (vivir en una ciudad determinada por ejemplo) determinan el caracter de elegible o no como actor decidor en un proceso.

• Jueces

Que determinen culpables de violar las normas electorales y las sanciones correspondientes. Debe ser una instancia independiente y autónoma igualmente incluso del nivel regulador o legislativo.

• Marco Institucional para poner en práctica lo decidido en las urnas

El sustento de la democracia es poder decidir pero su principal obstáculo es la voluntad manifestada no cumplida, retardada o alterada. Por ejemplo si se determinó en un referendo una enmienda constitucional o la necesidad de dictar una norma legal, incluso con o sin plazos, la voluntad ciudadana debe cumplirse a riesgo de que el exceso de consultas ineficaces reste credibilidad al proceso y fomente el desinterés en la votación, la desconfianza y el queminportismo. Un marco institucional no adecuado que no permite poner en marcha la voluntad ciudadana expresada en las Urnas es más pernicioso que un sistema autoritario, pues en tanto que el segundo es impuesto y contra el mismo se puede y debe luchar, siendo que eventualmente se logrará salir del estado de tiranía, contra lo primero usualmente no existe “voluntad política” para combatirlo y la ciudadanía pierde valores, confianza en el sistema y es proclive a abandonar el resultado de su expresión.

Algunos ejemplos claros tenemos en la historia ecuatoriana en especial respecto del irrespeto a la voluntad expresada en las urnas para elaborar normas o implementar acciones sometidas a referendo, que el débil marco institucional no permite ejecutar. Nos estamos acostumbrando a que años despues de una decisión en las urnas, los ciudadanos no vemos la necesidad de exigir el cumplimiento del mandato expresado, y el ejercicio de votar se transforma en una novelería de turno o un pretexto para la arena política que tiene detras casi siempre exclusivamente poder político y económico.

Esto nos lleva a repensar las normas donde a cada obligación establecida deberá paralelamente establecerse una instancia de juzgamiento y sanciones. Por ejemplo en un referendo deberá establecerse los plazos e instancias de ejecución de la voluntad ciudadana y las sanciones y consecuencias legales para los responsables de ejecutarla en casos de negligencia o incumplimientos, sin perjuicio de las normas vigentes que rijan la actividades de dignatarios y funcionarios.

Principios de un proceso electoral

Son básicas al menos los siguientes

• No discriminación
• Igualdad de participación y oportunidades
• De supervisión de legalidad y legitimidad
• Información y publicidad
• Neutralidad
• Soberanía
• Respeto a la voluntad ciudadana
• De implementación de la voluntad ciudadana
  

• No discriminación

Todo ciudadano con los mínimos requisitos debe ser capaz de proponer y de decidir. De elegir y ser elegido. En la historia política nacional existen casos concretos de exclusiones a medida que siempre distorsionan la democracia.

• Igualdad de participación y oportunidades

Que todos los actores proponentes y decidores cuenten con la capacidad de exponer sus tesis y de ejercer su derecho a decidir en igualdad de condiciones y oportunidad. No deben existir normas que alteren la participación ciudadana o la restrinjan aun indirectamente como por ejemplo por problemas en el registro civil o instancias similares.

• De supervisión de legalidad y legitimidad

Existencia de un principio en el cual terceros neutrales o actores comunitarios involucrados en supervisar el cumplimiento de los aspectos formales y de fondo de un proceso.

• Información y publicidad

Este principio permite al ciudadano a informarse de modo neutral sobre qué se decide, cómo ejercer el derecho a decidir, etc. Igualmente los proponentes tienen la obligación y el derecho de publicitar sus propuestas en igualdad de condiciones y oportunidades

• Neutralidad

De las instancias políticas y económicas. No deben poder las instituciones públicas influenciar directa o indirectamente con propaganda o publicidad ni tampoco los recursos privados primar para promover una tesis o una posición o candidatura.

• Soberanía

Propuestas y candidatos soberanos no influenciados por terceros que pueden pretender legitimar a través del voto la alteración de derechos que siempre deben tener el carácter de inalienables e irrenunciables para los ciudadanos de un País. Por ejemplo el derecho a los recursos naturales, al buen vivir, a la educación y salud, etc.

• Respeto a la voluntad ciudadana

Que ésta no se influencia, distorsione, altere o retarde.

• De implementación de la voluntad ciudadana

La expresión en las urnas debe ser implementada, sin interpretaciones o dilaciones y con sanciones para los responsables de su alteración o inejecución.

En el ejercicio de votar, el sufragio debe observar los siguientes principios:

• Autenticidad: Que quien vote sea quien debe votar y quien dice ser.
• Integridad: Que el voto exhibido sea igual al voto depositado tanto al votante como en el resultado final.
• Permanencia: Que el voto expresado, auténtico e íntegro no sea dejado fuera del proceso por factores o actores externos.
• Privacidad: Que el voto no pueda transformarse en elemento de presión contra quien lo ejerce antes o despues de la votación, de modo individual o colectivo.

Los principios del sufragio pueden asegurarse con el uso de la tecnología igualmente en diversas formas y mecanismos como exponemos a continuación:

• Autenticidad

Sistemas de identificación fiables con procesos que aseguren la identidad del ciudadano. En Ecuador los mecanismos de aseguramiento de la identidad han mejorado notablemente existiendo algunas instancias que deben ser estrictamente vigiladas para evitar alteraciones. No es solamente necesario que la cédula tenga múltiples seguridades que la hacen dificil o imposible de falsificar, sino por ejemplo que en el proceso de fotografía para este documento básico, quien conste en la fotografía sea quien consta en los datos. Era usual que al momento de tomarse la fotografía se llamara a viva voz por la persona y cualquiera se acercaba, resultando en una cédula muy segura que podría ser falsa. Esto se ha corregido notablemente en el registro civil y es uno de los puntos más delicados del proceso. Al momento de verificar la identidad del ciudadano no es posible al responsable de una mesa o urna ir más alla de la simple verificación manual discrecional sin garantía de real autenticación por lo que la responsabilidad de la autenticidad del ciudadano recae en otra instancia como se ha expuesto.

La tecnología permite, a través de procesos de reconocimiento facial, comparación digital de huellas o similares, determinar inequivocamente la identidad de un votante y su capacidad para votar. La depuracíón de los padrones y las bases de datos debidamente sincronizadas son vitales para asegurar la autenticidad de los ciudadanos y su manejo igualmente se puede y debe automatizar.

La sincronización de las bases de datos por problemas como duplicación de información, multiplicidad de fuentes y ausencia de políticas de datos que obliguen a las instituciones a compartir y sincronizar la información es uno de los problemas más importantes que deben enfrentarse. No es pensable un proceso de automatización de la votación sin depuración y sincronización de las bases de datos. En la era del conocimiento y la información es posible hacer que todos tengan la capacidad de ejercer su derecho a votar, elegir y ser elegido aun si cumple requisitos el mismo dia del sufragio.

Para asegurar el sincronismo de datos se debe tener conectividad, interconexión y estándares para la generación, procesamiento, almacenamiento y tranmisión de los datos. Es usual encontrar fallas tan simples como que uno cuando nace es Pedro Perez y cuando fallece es Perez Pedro lo cual ocasiona desincronización total en el sistema.

• Integridad

El voto debe mantener su integridad, sin que sea posible alterarlo previo, durante o despues del sufragio. El votante debe poder verificar la expresión de su voto al momento de ejercerlo y los responsables del sufragio deben ser capaces de asegurar que colectivamente se mantiene la integridad de los votos.

• Permanencia

Es la capacidad de que la voluntad manifestada en las urnas se mantenga en el proceso de conteo evitando que se anulen mesas o sitios de votación con cualquier pretexto a fin de favorecer o perjudicar una opción o candidato.

• Privacidad

La coherción previa, la amenaza concurrente o las sanciones posteriores son un arma importante para distorsionar el voto. Cuando se conoce cómo votó un ciudadano se lo puede presionar para votar en la forma que se quiere individualmente. En lo colectivo la falta de atención o servicios a poblaciones que se manifiestan contrarias a una tesis o candidato son modos inaceptables de presión, aun cuando no existe la privacidad colectiva.

Principios del voto electrónico

Se aplica en el proceso de expresión de la voluntad ciudadana que es parte del proceso electoral total y debe contener los principios de ser:

• Simple
• Confiable
• Seguro y
• Accesible

Simple: Es sinónimo de amigable, a prueba de errores de uso o de intimidaciones tecnológicas o de interface para el ciudadano. Esto se consigue trabajando con grupos focales y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.

Confiable: No solamente por que refleja la voluntad ciudadana sino por que inspira confianza a los mismos ciudadanos, que es auditable y verificable en todo momento del proceso por los actores y terceros de confianza.

Seguro: Debe garantizarse la privacidad al votante al momento de ejercer el voto y la inalterabilidad en la transmisión de datos del sufragio. Al inicio del proceso debe poderse auditar el enceramiento, durante el proceso la integridad y una vez terminado el proceso la transmisión y acumulación de votos, así como su borrado para evitar vulnerar la privacidad de los votantes aun luego de terminado el proceso de elecciones.

Accesible: El sistema debe estar disponible al 100% y se deben prever mecanismos paralelos, automatizados o manuales para eventualidades tanto en el proceso de votación como en la transmisión y almacenamiento. No deben existir restricciones de ubicación geográfica, condiciones climáticas o disponibilidad de energía por ejemplo, que impidan el ejercicio electoral. Igualmente deben aprovisionarse mecanismos de reemplazo de sistemas o sus partes o el reemplazo por procesos manuales en ciertas condiciones.

La auditoría del proceso debe determinar posibles tendencias de inutilización de máquinas en determinados sitios por ejemplo, para evitar que se altere la posibilidad de acceso al voto del ciudadano que es el objetivo final, junto con el respeto de la voluntad expresada.

Tipos de voto electrónico

Sin entrar en discusiones que escapan del alcance del presente ensayo, podemos establecer razonablemente dos tipos de voto electrónico:

Total en el cual todo el proceso desde la exposición de tesis, seguimiento, control, voto, sufragio, exposición de resultados y seguimiento de ejecución sean por medios electrónicos. Aquí podemos hablar de un voto electrónico local que es lo que normalmente se pone en práctica y un voto electrónico a distancia o virtual que igualmente es posible y recomendable en diversos casos.

Parcial cuando el sufragio es lo que se automatiza y puede igualmente realizarse por medios electrónicos locales o telemáticos, por ejemplo a través de Internet.

Uso del voto electrónico

En todo proceso es posible votar electrónicamente. Actualmente se puede votar usando diversos mecanismos aplicables dependiendo del número de votantes, de la complejidad de la votación, del tipo de votantes, de los asuntos votados y de la implicación de los resultados. Para ser más específicos, no es lo mismo votar por una presidencia de un gremio por ejemplo que por la presidencia de la república. Igualmente no es lo mismo votar entre legisladores en una sala de votación que en una elección nacional.

El voto por Internet o Telemático por redes electrónicas diversas resulta apropiado en muchas circunstancias como para decidir temas institucionales, por ejemplo la aprobación de presupuestos, normas u ordenanzas, etc. Es posible que en procesos de mayor complejidad deban arbitrarse mecanismos adicionales para asegurar privacidad e integridad del votante pero técnicamente existen soluciones confiables y al alcance del presupuesto de ejercicios electorales diversos.

Votar electrónicamente por ordenanzas o presupuestos parroquiales, provinciales o nacionales evitaría el tener que contar con concejales, diputados o asambleistas, dedicados a estos temas “en representación” de la ciudadanía, otorgaría mayor legitimidad a las normas decididas directamente por la ciudadanía y permitiría a los representantes electos dedicarse a temas de mayor peso como concentrarse en el diseño de las normas a ser votadas, la administración eficiente y transparente de los recursos presupuestados o la administración pública para la cual fueron electos.

El ciudadano otorga, con un mecanismo de voto electrónico en marcha, capacidad concreta y específica de representación a sus mandatarios y los asuntos que le influyen y determinarán su vida, se somenten a su consideración tantas veces cuantas sean necesarias para que la voluntad ciudadana se exprese. En esta línea el voto electrónico y telemático tiene serias ventajas pues ya no es necesario organizar procesos complejos con inmensos recursos dedicados y disputas electorales presentes, sino que a través de la observancia de los principios del voto electrónico se pueden lograr altos niveles de participación que sin duda crearán ciudadanos más informados, proactivos y respetuosos de la democracia y de lo que deciden las mayorías. Estas mismas mayorías se tornarán más efectivas conforme la confianza en el ejercicio de expresión de voluntad se asiente y con la práctica de obtendrán mayorías consolidadas que permitan a una tesis o un candidato ejecutarse o ejercer su autoridad sin las consabidas reservas por el porcentaje de ciudadanos que votaron a favor de otra tesis o candidato.

Solo hay mucho que ganar y es hora de empezar

Carlos Vera Quintana es Ingeniero Electrónico especializado en aplicaciones de TICs

cveraq@gmail.com

Los concursos de oposición y méritos

Los concursos de oposición y méritos

Mi experiencia en procesos de Participación Ciudadana empieza desde mucho antes de ser parte del experimento, casi fallido al momento, de institucionalizar la Participación a través de un Consejo que tiene una árdua misión, que todos esperamos culmine con éxito, respecto de promover la participación real, con independencia real y con control y resultados reales en especial en la dificil tarea de los concursos a su cargo.

Mi aporte a los concursos de oposición y méritos:

• Los reglamentos no deben elaborarse por quien ejecute los procesos y deben someterse a Veeduría Ciudadana para desnudar sus falencias y los privilegios que crean sobre concursantes en general o en particular. En ingeniería por ejemplo uno diseña, otro construye otro fiscaliza. Eso funciona bien.
• La Veeduría debe ser estrictamente instrumentada para que sea respetada. Hasta el momento los veedores se han transformado en opositores al concurso o en espectadores complacientes de los mismos. Todo depende de donde provengan.
• Los instructivos deben ser simples, habilitadores de la participación y no desmotivadores o inhibidores de la misma. Esto exige técnica para elaborarlos y precisión en lo que persiguen. Legislar es un arte y aquí se nota mucho más esto.
• Las formalidades siempre deben ser pertinentes y subsanables en el momento oportuno.
• La decisión sobre la impugnación ciudadana no puede estar en manos de quien ejecute el proceso o sea parte del mismo. Lo contrario solo deja en las mismas manos todas las decisiones y no se garantiza imparcialidad ni transparencia.
• Debe promoverse intensivamente la participación en los procesos de veeduría e impugnación ciudadana para evitar que se desmerezca la misma por falta de formalidades o por desmotivación de los ciudadanos pues se sabe que no prosperan o "es mucho lio" impugnar. Debe ser parte del proceso de todo concurso, una permanente capacitación para que los ciudadanos sepan cómo presentar una impugnación y sustentarla. Este es quizás el más importante punto a considerar si queremos que la ciudadania informada participe y lo haga motivada por procedimientos ágiles, motivadores y con resultados. No importa cuanto tome o cueste. La participación ciudadana real no tiene precio.
• Los requisitos y méritos, así como los exámenes deben tener una valoración justa y dimensionada y establecerse sin lugar a discrecionalidades, su verificación y calificación. Debe eliminarse el exceso de requisitos o de exigencia de méritos que privilegien la participación de quienes siempre hemos tenido oportunidad de participar en desmedro de otros ciudadanos.Sostengo aquí que los méritos reales son más importantes que un exámen de oposición donde un resultado mediocre o no excelente depende de muchos otros factores, como en todo exámen, y no necesariamente por ser un profesional mediocre o un futuro funcionario mediocre. Los jueces toman decisiones viendo las normas, leyéndolas y releyéndolas, por qué exigir que en un concurso se digan cosas de memoria?
• En concursos donde más que los méritos cuenta la historia de vida, por ejemplo en el caso de designación de jueces, el organismo que los lleve adelante debe DE OFICIO poder indagar la vida de aquellos a quienes nombrará y realizar su propio proceso de depuración interna DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LOS MISMOS CONCURSANTES AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE. Hoy, solo si alguien es impugnado se activa este recurso, pese a que muchas veces por miedo, por amenazas o por desconocimiento el ciudadano no impugna. El tema de los jueces NO ES TRANZABLE. El CJT debe esculcar la vida de los posibles magistrados o funcionarios DE OFICIO e investido de su total competencia, descartar a quienes no puedan demostrar su estilo de vida o en ella se determinen corrupción o neglicencia.
• La etapa post concursos no debe descuidarse. Es decir se debe obligar a los funcionarios designados a certificar sus competencias y a prepararse en forma debida para el cargo a ejercer antes siquiera de iniciar en el ejercicio del mismo. Esta es la parte olvidada de los concursos. Se designa al o a las ganadores  y no se está evaluando su capacidad de gestión ni asegurando la calidad de su ejercicio. Esta es una medida del éxito de los procesos de participación y permitirá ajustar procedimientos para mejorar los indicadores de éxito. La ciudadanía verá con buenos ojos cuando se demuestre que quien fue designado-a realmente hizo un gran papel y cumplió pues se habrá demostrado que se hizo el mejor concurso.

Los organismos o las funciones no pueden ser independientes. Uno se independiza cuando ha estado sometido, no antes. Son INTERDEPENDIENTES pero deben ser autónomos y funcionar modularmente. Lo modular significa que un ente funciona autonomamente pero tambien en conjunto con otros y alli potenciadamente pues el todo es más que la suma de las partes. La única autonomía es la que se asegura con autonomía económica. Si las funciones e instituciones autónomas tuvieran ordenadamente su propio ministerio de finanzas o economía hace rato seriamos un País desarrollado.

El único origen de la corrupción son la discrecionalidad y la impunidad. Esto en los concursos también se aplica. Si hay discrecionalidad se podrá considerar o no un mérito, puntuar o no una pregunta. Si hay impunidad no habrá impugnación que prospere ni veeduría que funcione. En ambos casos el resultado es el fracaso participativo y de resultados en los designados y la desilusión por la Participación que algunos empezamos ya a sentir.

Los procesos deben continuar, los procedimientos deben perfeccionarse para que la Participación Ciudadana sea el motor que todos esperamos empiece a funcionar y así lograr un País en el que tengamos fé y den ganas de vivir.

Esta es igualmente nuestra responsabilidad. Empecemos a asumirla seriamente.

Carlos Vera Quintana
Consultor TICs

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La Escuela de la Funcion Judicial

La Escuela de la Función Judicial

La importancia de los procesos formativos y académicos está en que su calidad se refleja en el desempeño profesional, existiendo una estrecha relación entre la experiencia profesional exitosa y el sustento académico de la misma.  Es posible prever la eficiencia del desempeñ profesional basados en el conocimiento de la calidad de la formación académica recibida.

Ni un profesional empírico, ni un teórico sin práctica profesional: El ejercicio profesional eficiente exige que existan procesos de iniciación académica, de profundización profesional y de especialización; todos debidamente encadenados y consecutivos, reconociendo que en el proceso debe existir una combinación entre formación académica y ejercicio profesional, ya sea cuando la formación académica es predominante (pasantías, prácticas profesionales), cuando el estudiante se prepara para el ejercicio profesional (certificación de competencias profesionales) o cuando el ejercicio profesional es predominante (cursos de profundización y especialización)

Una Escuela de la Función Judicial debería permitir a quien ejercerá un cargo en la Función, contar con al menos las siguientes capacidades:

• Conocimiento del sector judicial más allá del ámbito académico: Dinámica institucional vigente y marco normativo integral
• Certificar sus competencias en el uso de las TICs: Como requisito indispensable para incursionar en áreas de administración de justicia en las que términos como documento electrónico, firmas electrónicas, mensajes de datos, desmaterialización, digitalización, entre otros, son de uso y aplicación comunes. Entendimiento de las equivalencias funcionales del mundo electrónico al físico y de las formalidades que requiere la tecnología para ser legalmente efectiva
• Permanente actualización en temas legales referidos al ámbito de su competencia
• Certificación y aseguramiento periódico de la capacidad para seguir ejerciendo un cargo en la función
• Certificación para ascensos
• Certificación de competencias profesionales afines con el área del ejercicio profesional

En resumen, la Escuela de la Función Judicial debe ser un filtro y un habilitador del talento humano especializado y focalizado y un requisito para aspirar a ingresar a la función y para permanecer en ella.

La eficiencia de la Escuela de la Función Judicial se mide por la capacidad de sus alumni para reducir el espacio de tiempo entre el ejercicio académico general y la práctica profesional especializada. Es en esta espacio de tiempo que se encuentra la base de la ineficiencia judicial y profesional en general. Es decir, desde qué momento un funcionario puede considerarse, a sí mismo y por el sistema, como definido completamente en su especialidad y en su aptitud para desempeñar el cargo y las funciones que le corresponden. En general desde que un estudiante egresa hasta que define exactamente su especialidad transcurren entre 5 y 10 años. La certificación de competencias previo al ejercicio profesional y la profundización post académica deben reducir este espacio a meses para incrementar la competitividad sistémica y la efectividad de la formación académica permanente.
  
Es por tanto posible de afirmar que un cambio real en la administración de justicia requiere un exigente y permanente proceso de evaluación, aseguramiento de la calidad y acreditación del desempeño profesional. 




Carlos Vera Quintana
Consultor TICs

Tecnología Versus Corrupción

Tecnología Versus Corrupción
Es posible que las únicas causas de la corrupción en cualquier instancia sean la discrecionalidad y la impunidad. Es decir, la capacidad de actuar o no actuar según uno considere, en el momento que así lo considere, con diversos criterios para los mismos casos y en la seguridad de que pase lo que pase nunca uno será sancionado, o incluso ni siquiera juzgado.

En ambos casos, ya sea contra la discrecionalidad o contra la impunidad, existen diversos enfoques que se pueden poner en práctica para evitarlas, sin hablar siquiera de minimizarlas pues el sólo término sabe a alcahuetería, intentando justificar la corrupción como algo que jamás podrá ser terminado ni combatido eficazmente.

Discrecionalidad.
Se incurre en discrecionalidad intencional o inintencionalmente, a propósito o por desconocimiento y a menudo más grave aún, por falta de norma expresa que guíe la acción o la toma de decisiones. La discrecionalidad podría en algún caso explicarse por alguna de estas razones, cuando varias personas en el mismo caso toman acciones o decisiones diversas por disponer de información diferente o por no tener una guía o referencia para replicar ante las mismas circunstancias las mismas acciones o decisiones. Podría explicarse... pero no justificarse.

Las referencias de las cuales hablamos son leyes, normas, políticas, fallos, acciones o decisiones previas.

La discrecionalidad se incuba ya sea por que estas referencias no existen y no hay interés en crearlas o por que si existen no se las emplea o se las deja de lado. La impunidad, por otra parte, es el apoyo para ejercer la discrecionalidad en cualquier momento.

Discrecionalidad implica motivación para corromper y corromperse, pues cuando sabemos que la norma no existe o que la misma es posible de aplicarse o no, dependiendo de la "gestión" que realicemos con quien tenga la capacidad de hacerlo, sabemos que lo último que haremos es cumplir la norma, esperar los plazos, seguir los procedimientos o confiar en la aplicación de la ley o en una acción o decisión legal y justa.

La discrecionalidad está en todos los actos de nuestra vida, desde cuando debemos llamar la atención a nuestros hijos y no lo hacemos por cualquier motivo, demostrando que estamos en capacidad de ejercer o no la necesaria autoridad para su formación, pasando por las veces que se nos pide desviar el camino o ingresar por otro acceso a un sitio y reclamamos logrando que se nos permita seguir por donde queriamos, hasta cuando sabemos que legalmente nos corresponde cumplir un paso o alguna norma u obligación y entendemos que "hablando" lo podemos "arreglar".

Empiezan a surgir entonces los medios de aplicar la discrecionalidad y usarla en nuestro beneficio: "hablar", "arreglar", "palanquearse", "darle para las colas", etc.

La discrecionalidad implica entonces que tenemos que "gestionar" la actuación o acción de un funcionario pues existe la total certeza y experiencia prévia de que lograremos que la misma sea en el sentido que queremos y no necesariamente en el sentido que debe ser.

Impunidad
La impunidad es la garantía permanente y necesaria para los actos de corrupción. Es la seguridad de que se puede "confiar" en los complices de la corrupción.

Propuestas de solución

Para la discrecionalidad la aplicación de tecnologías es una forma de evitarla al reducir la necesidad de que el ciudadano tenga que "gestionar" sus trámites o acudir "personalmente" para realizarlos.

La tecnología se puede aplicar en varios ámbitos:

- Para informar adecuadamente a los ciudadanos y evitarle la incertidumbre que lo motiva a buscar "palancas"

- En la automatización de los procedimientos para que se establezcan con claridad los plazos y pasos y controlar su cumplimiento en sistemas de Workflow especializados y controlados.

- Para registrar las acciones y decisiones y tornarlas, junto con las normas y políticas, en referencias de futuras acciones y decisiones

- Para promover el acceso a los organismos e instancias de control que permitan promover una cultura de transparencia y denuncia, así como el conocimiento de los actos de corrupción y de quienes los ejecutan.

- Para facilitar el acceso de los ciudadanos a los trámites y evitar al máximo la interacción personal innecesaria y motivante de la discrecionalidad. Esto requiere poner a disposición del ciudadano los trámites en línea y no discriminar ninguna acción por el sólo hecho de realizarla por medios electrónicos o de modo no personal.

- Para interconectar las instituciones, sus bases de datos y todo tipo de referencia a fin de minimizar los "requisitos" o la arbitrariedad en su exigencia. El Estado no debe requerir del ciudadano ningún requisito que tenga en su poder a través de sus diversas oficinas o instituciones. Es notable que en las instituciones del Estado se requieran requisitos o certificados que están en poder del mismo Estado y pueden accederse de modo simple si se interconectan obligatoriamente las instituciones.

Por otro lado, para la impunidad solo existe un remedio: Una justicia verdadera a través de jueces probos y sistemas eficientes de control de sus acciones.

La tecnología aquí también tiene su aplicación para registrar y difundir los actos de los tomadores de decisiones, los fallos de los jueces y las acciones de los funcionarios en la larga cadena de un trámite de cualquier tipo (secretarias, amanuenses, responsables de trámites, etc), lo que servirá para una toma de decisiones en diversos ámbitos incluida la evaluación de desempeño necesaria para mantenerse en un cargo y ascender, ser sancionado o salir.

Tanto para controlar y minimizar la discrecionalidad como para asegurar la no impunidad, la tecnología juega un rol importante.

La aplicación de las tecnología no es una cuestión de recursos pues la inversión es mínima comparada con el retorno, no es una cuestión de disponibilidad de tecnología apropiada pues la misma existe y existe el recurso humano para manejarla. Es una cuestión de dos factores que son conocimiento y decisión, ambos no siempre coincidentes y no siempre alineados en quien tiene la responsabilidad de actuar.

Carlos Vera Quintana
Consultor TICs